Hace más de una década que buena parte de Málaga mira al horizonte con preocupación. Son quienes creen que un rascacielos de 144 metros de altura en el dique de Levante del puerto cambiará para siempre el paisaje de la ciudad, que nunca tendrá ya el mismo encanto y piensan que el enorme edificio será una mancha en las postales. Hay otra parte que, sin embargo, mira hacia el mismo lugar con ilusión. Son quienes creen que la obra, firmada por el prestigioso arquitecto David Chipperfield, será un icono que marcará el futuro y piensan que afianzará los pilares de la gran capital que aspira a ser Málaga. Diversidad de miradas hacia una iniciativa que tras 10 años de trámites se encuentra, hoy, en punto muerto. Y lo está a la espera de dos resoluciones judiciales, pero también porque el Gobierno no termina de ver que la actuación sea de interés general, requisito imprescindible para que salga adelante. Para Jordi Ferrer, director ejecutivo del Grupo Inversor Hesperia, promotor junto a la empresa catarí Al Alfia, es “incomprensible” que ese interés no se vea con claridad “por todo el valor” que la iniciativa va a aportar, desde su punto de vista, a la ciudad.. Seguir leyendo
Hace más de una década que buena parte de Málaga mira al horizonte con preocupación. Son quienes creen que un rascacielos de 144 metros de altura en el dique de Levante del puerto cambiará para siempre el paisaje de la ciudad, que nunca tendrá ya el mismo encanto y piensan que el enorme edificio será una mancha en las postales. Hay otra parte que, sin embargo, mira hacia el mismo lugar con ilusión. Son quienes creen que la obra, firmada por el prestigioso arquitecto David Chipperfield, será un icono que marcará el futuro y piensan que afianzará los pilares de la gran capital que aspira a ser Málaga. Diversidad de miradas hacia una iniciativa que tras 10 años de trámites se encuentra, hoy, en punto muerto. Y lo está a la espera de dos resoluciones judiciales, pero también porque el Gobierno no termina de ver que la actuación sea de interés general, requisito imprescindible para que salga adelante. Para Jordi Ferrer, director ejecutivo del Grupo Inversor Hesperia, promotor junto a la empresa catarí Al Alfia, es “incomprensible” que ese interés no se vea con claridad “por todo el valor” que la iniciativa va a aportar, desde su punto de vista, a la ciudad. Seguir leyendo
Hace más de una década que buena parte de Málaga mira al horizonte con preocupación. Son quienes creen que un rascacielos de 144 metros de altura en el dique de Levante del puerto cambiará para siempre el paisaje de la ciudad, que nunca tendrá ya el mismo encanto y piensan que el enorme edificio será una mancha en las postales. Hay otra parte que, sin embargo, mira hacia el mismo lugar con ilusión. Son quienes creen que la obra, firmada por el prestigioso arquitecto David Chipperfield, será un icono que marcará el futuro y piensan que afianzará los pilares de la gran capital que aspira a ser Málaga. Diversidad de miradas hacia una iniciativa que tras 10 años de trámites se encuentra, hoy, en punto muerto. Y lo está a la espera de dos resoluciones judiciales, pero también porque el Gobierno no termina de ver que la actuación sea de interés general, requisito imprescindible para que salga adelante. Para Jordi Ferrer, director ejecutivo del Grupo Inversor Hesperia, promotor junto a la empresa catarí Al Alfia, es “incomprensible” que ese interés no se vea con claridad “por todo el valor” que la iniciativa va a aportar, desde su punto de vista, a la ciudad.. Aunque las primeras conversaciones alrededor de construir un hotel en el dique de Levante se remontan a principios de siglo, el primer gran paso se dio en 2015 cuando un grupo inversor procedente de Catar, Al Alfia, proyectó la primera versión del edificio, entonces firmado por José Seguí. Al año siguiente, el Puerto de Málaga abrió una especie de concurso público para la concesión administrativa del suelo donde se iba a levantar, proceso al que, además de los promotores cataríes, solo se presentó otra oferta que no cumplía ninguno de los requisitos exigidos.. Con la adjudicación ya en el bolsillo, Seguí mostró el diseño, que se levantaba hasta los 135 metros de altura. Arrancó entonces un largo proceso de trámites administrativos con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, que se fueron cumpliendo uno a uno. El paso más polémico fue la modificación de la edificabilidad de la parcela en cuestión: el municipio aprobó en 2023 un cambio del Plan Especial del Puerto para multiplicarla por siete y que, así, pudiera albergar el rascacielos, que sería el segundo más alto de Andalucía tras la Torre Sevilla (180 metros).. En esos años también hubo —y hay— voces en contra. Por un lado, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), que asesora a la Unesco, realizó varios informes en los que insistía que la construcción tendría consecuencias “irreversibles” al romper el paisaje histórico de la ciudad. Por otro, la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, que reunió a la ciudadanía descontenta para luchar contra un proyecto que consideran de interés meramente privado y no público, como los promotores defienden, con el apoyo de políticos como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Una de las portavoces de la asociación, Isabel Ruiz-Mora, explica su postura: “Lo que decimos es no a ese edificio en ese lugar”. Tras obtener más de 31.000 euros en una campaña de micro financiación con casi 600 donantes, la entidad presentó en primavera de 2024 un recurso judicial frente a la modificación del planeamiento urbanístico que sustenta la construcción del hotel, que creen irregular. Meses antes ya lo había hecho también la Academia de Bellas Artes de San Telmo. “Estamos en contra de este elemento absolutamente innecesario y, además, irreversible”, explicaba entonces su presidente, José Manuel Cabra de Luna.. Impacto de la Torre del Puerto de Málaga en el perfil de la ciudad histórica, según una recreación de la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte.. La Autoridad Portuaria no se había inmutado ante la llegada del proyecto a los tribunales y seguía adelante con el procedimiento. En octubre dio incluso el visto bueno a la reformulación que Andalusian Hospitality II —formada por Al Alfia y Hesperia— había hecho del edificio, tras descartar el dibujado por Seguí y encargar uno nuevo a David Chipperfield. Envió el expediente a Puertos del Estado, pero el organismo lo devolvió rápido con dos sugerencias. Una, profundizar en la justificación de que el proyecto es realmente de interés general, paso imprescindible para que el Consejo de Ministros dé luz verde al proyecto (es quien tiene la última palabra). La segunda iba más allá: analizar si el cambio de diseño del hotel y su entorno no requiere repetir de nuevo el concurso que ya se hizo en 2015.. El puerto decidió entonces paralizar todo el procedimiento. “A la vista de las dudas existentes”, explican fuentes portuarias, “el Consejo de Administración ha considerado oportuno no realizar ninguna actuación adicional en relación con este expediente” hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no se pronuncie sobre los dos recursos judiciales interpuestos. Y si son favorables, subrayan las mismas fuentes, el puerto pedirá un informe a la Abogacía del Estado para saber si es necesario repetir el concurso público o no.. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas (PSOE), opina que lo ideal es volver a la casilla de salida. “Hemos pedido que se empiece el procedimiento desde cero, puesto que las circunstancias que hay ahora no son las mismas que había en 2010 o 2016, ni en el puerto ni en la ciudad de Málaga”, destaca. La plataforma Defendamos Nuestro Horizonte va más allá. “Lo ideal es ir aún más atrás y empezar por un debate ciudadano para saber qué se quiere hacer en un lugar tan frágil y valioso. La participación pública ha sido inexistente hasta ahora, así que es una oportunidad de hacerlo bien desde el principio a través de un consenso ciudadano, político y social”, explica otro de sus portavoces, Matías Mérida.. Interés general “bien justificado”. “Desde nuestro punto de vista, no existe una justificación objetiva para reabrir fases del procedimiento que ya fueron debidamente sustanciadas”, asegura a EL PAÍS Jordi Ferrer, CEO de Grupo Inversor Hesperia, quien sostiene que el proyecto ha evolucionado desde el concepto inicial de hace una década, pero que se mantiene “dentro del marco técnico y administrativo previamente establecido”. Ferrer cree que la Autoridad Portuaria debe seguir adelante con el procedimiento más allá de lo que digan los tribunales: la decisión de congelar todos los trámites hasta que haya resolución judicial, aun sin fecha, les ha pillado a contrapié.. Hace apenas unas semanas presentaron el nuevo diseño del hotel firmado por Chipperfield, quien no acudió al acto, como tampoco lo hizo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ni el presidente del puerto, Carlos Rubio. El edificio ideado, con 144 metros de altura y 200 millones de presupuesto, cuenta con 382 habitaciones, un auditorio de 2.500 metros cuadrados, se complementa con un amplio bulevar de 1,3 kilómetros por todo el dique hasta el barrio de La Malagueta, con numerosos espacios públicos, zonas comerciales, recintos de ocio y superficies ajardinadas. Es esa parte la que, creen, justifica el interés general del proyecto que ahora está en cuestión.. “El interés general de hecho fue lo que motivó principalmente este trámite hace apenas 10 años”, dice Ferrer. Insiste en la llegada de nuevos espacios públicos, la creación de hasta un millar de empleos directos e indirectos, la mejora de la oferta hotelera. El responsable de Hesperia señala que el interés general del proyecto “está bien justificado” por “todo el valor que va a aportar a la ciudad en forma de nuevo negocio y actividad de calidad, del trabajo que va a generar y de las externalidades positivas para la economía local y también porque se está recuperando para el disfrute de los malagueños y malagueñas un espacio ahora en desuso”. “Es difícil, por no decir incomprensible, no ver que todo eso suma en favor del interés general”, sentencia Ferrer, que a pesar de los inconvenientes mantiene “la voluntad de seguir colaborando de forma constructiva con las administraciones competentes”, aunque desde la compañía no terminan de entender que tras una década de trámites administrativos, todo vuelva a estar en el aire. “Es difícil imaginar otros países en los que las empresas estén dispuestas a invertir e invertir y esperar hasta el infinito con proyectos que van a aportar empleo y negocio a una ciudad”, concluyen.
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