Apostarlo todo al 23-F

La historia del 23-F no está escrita. La documentación desclasificada que conocimos el pasado miércoles abre nuevas incógnitas sobre uno de los episodios más desconocidos de nuestra historia reciente. Cuarenta y cinco años después seguimos todavía allí, ya que prácticamente todos los documentos que acabamos de conocer son del día después y refuerzan el otro polo, el de la hora más larga de la democracia. Pero, más allá de videos, audios o de la transcripción de miserias personales, estos archivos en pdf permiten un particular viaje al pasado. Al del lenguaje, los usos y las formas de aquellos sectores involucionistas de comienzos de los años ochenta. No hay nada más pedagógico, en ese sentido, que darse de bruces con la dureza de aquel ambiente oficial, no solo de los cuarteles, y adentrarse en los organismos que crearon y custodiaron la documentación esencial sobre este periodo: el Ministerio del Interior, con la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil a la cabeza; el Ministerio de Defensa, con sus propios servicios de información (CESID) implicados en el golpe y, por último, el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El vacío existente entre 1975 y 1980 es clamoroso e inexplicable desde el punto de vista histórico. Sobre todo, porque la estructura y el grado de coordinación que muestra esta información revela al menos dos aspectos no menos importantes: la dirección debió de ser muy anterior y existió una trama civil que sigue prácticamente oculta. Estos siguen siendo los agujeros negros del 23-F que afectan a todos los actores políticos y sociales de aquel momento. Desde entonces se canalizó, en particular, la necesidad de rebajar las condenas en el propio Consejo de Guerra para que no creciera el malestar en estos y otros sectores anejos. Pero también impactó de lleno en los partidos de izquierda que reconocen el riesgo para su propia existencia de un rey convertido en blanco de la extrema derecha. Un relato con muchos paralelismos en nuestros días pero que, no hay que olvidar, procedía de la recta final del franquismo.

El centro de gravedad es muy anterior. En ese sentido, son muy reveladores otros documentos desconocidos hasta el momento de las regiones militares y policiales y, muy especialmente, la de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La primera es la estructura orgánica decisiva desde la fijación del modelo de orden público en el Estado liberal. La segunda realiza un análisis político de la relación entre el Ejército y la monarquía, centrándose en la alteración de ese modelo durante Primo de Rivera y con Franco, aunque no se cite textualmente, sobrevolando todo el escenario. El militarismo, la proyección política del ejército, es el verdadero fantasma que recorre todo el periodo, concebido, una vez más, como alternativa y cierre de la sociedad civil. Las listas o gobiernos de concentración nacional, sobre los que tanto se ha especulado, se basan también en una particular visión de momentos estelares de nuestra historia reciente, como el final de la guerra civil o la propia Transición, para reforzar esa idea negativa de la democracia. No hacen otra cosa que replicar la perspectiva franquista, en la que el ejército cumple la misma misión sagrada del mantenimiento del orden público y de la unidad de la patria frente a la amenaza de un enemigo interno. El golpe lleva esa dirección y por tanto busca alcanzar no solo el poder sino la legitimidad. La representación de estos principios, por parte de personajes como el general Armada, secretario general de la Casa Real, o de Milán del Bosch, por citar dos de las figuras más destacadas, siguen siendo suficientes para comprender el riesgo y las implicaciones reales de aquella estrategia. Conocer esta dimensión es fundamental para comprender nuestra propia evolución, tanto como la desclasificación de documentación. Porque, lo realmente importante de esta información, lo más relevante, no está solo en lo que muestra, está, precisamente, en la rapidez y normalidad con la que se ha pasado a conocer todo esto ahora. Ya que no afecta a la seguridad del Estado hay que seguir catalogando, digitalizando y desclasificando. Si todo lo que se presenta sigue siendo parcial, provocará el efecto contrario: servirá de combustible de la desinformación y las teorías de la conspiración. Esta y otra documentación está llamada a cambiar la visión de una etapa que no fue ni tan blanca ni tan negra como se sigue describiendo. Potenciar la investigación, permitir el acceso a la información reservada, debe ser un paso firme para superar las limitaciones de la Ley de Secretos Oficiales. Hay que apostarlo todo por desembalar ordenadamente el 23-F, para que toda esta información se convierta, lo antes posible, en materia de estudio. Vamos muy tarde en acceso a los archivos y en la comprensión de nuestro pasado reciente.