La reciente decisión de la presidencia de Les Corts Valencianes de no conmemorar el 25 de abril, día institucional de la Cámara autonómica, ha desatado una controversia tan ruidosa como artificial. No se trata sólo de su suspensión puntual, asumido sin reparos por la totalidad de los integrantes del órgano rector de la Cámara (incluida la representante de Compromís), sino de una discusión más profunda y de largo alcance: la vigencia de esta efeméride en el tiempo presente.Los motivos esgrimidos —la polarización política— parecen un tanto endebles, especialmente cuando este fenómeno no es exclusivo del Parlamento valenciano. Las Cortes Generales, y buena parte de los legislativos autonómicos, viven también sumidos en una tensión constante. El denominado “parlamentarismo polarizado” (Ruíz Robledo), nos guste o no, es ya una de las notas distintivas de nuestro presente democrático.Hubiera sido más comprensible —y quizás hasta loable— que se apelara al luto colectivo por la tragedia ocurrida hace medio año, cuya magnitud aún estremece a la sociedad valenciana. Máxime cuando la comisión de investigación parlamentaria creada ad hoc sigue sin iniciar sus trabajos, aplazados hasta el próximo otoño. Mientras tanto, el Senado del Reino de España aprobado el plan de trabajo ya ha abierto la ronda de comparecencias por ese mismo suceso, con el propósito de esclarecer los hechos y evitar que semejante desgracia vuelva a repetirse.Tampoco hay mucho que celebrar si miramos al funcionamiento interno de la Cámara. Quien entienda el parlamentarismo como una herramienta de integración, hallará pocas razones para la alegría. En lo que llevamos de legislatura, los acuerdos han brillado por su ausencia. Instituciones clave del autogobierno valenciano —el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes— arrastran mandatos caducados desde hace años, con vacantes sin cubrir ni siquiera tras el fallecimiento de algunos de sus miembros. Y son pocas las voces que inciden en un atropello democrático de tal magnitud. ¿O no se acuerdan de quiénes señalaban unidireccionalmente a los supuestos artífices del bloqueo de ciertos órganos constitucionales cuya renovación había sido impedida no sólo por la negativa de los dos grandes partidos españoles sino porque los órganos rectores del Congreso y Senado ni siquiera habían convocados los plenos necesarios, incluyendo esta cuestión en los órdenes del día de las Cámaras respectivas? Peor aún ha sido la incapacidad para reflejar la pluralidad política en los órganos rectores de Les Corts. Primero, cuando el grupo socialista intentó excluir a Compromís de la Mesa, un atropello evitado in extremis gracias a la generosidad del grupo mayoritario de la Cámara. Después, tras la dimisión de la vicepresidenta primera, Gabriela Bravo, la segunda fuerza parlamentaria fue, directamente, excluida de la nueva configuración en tanto no entraba a dialogar sobre las renovaciones pendientes. Es llamativo que quienes han clamado en el ámbito estatal de forma torticera contra el bloqueo unilateral de los órganos constitucionales, ahora guarden silencio —cuando no justifiquen— ante la marginación de la representatividad de otras formaciones en el ámbito autonómico. Ni siquiera hoy, entre las fuerzas progresistas, se advierte un atisbo de diálogo: el liderazgo discutido de Diana Morant impide cualquier interlocución con un síndic nacionalista entregado al populismo más abyecto.Y, sin embargo, lo que siempre me ha intrigado es la fecha elegida para conmemorar el día grande de nuestro Parlamento. El 25 de abril remite a una derrota militar en el marco de un conflicto de alcance continental: la Guerra de Sucesión, prolongada desde el arranque del s.XVIII hasta la firma del Tratado de Utrecht (1713). Es cierto que la batalla (“desfeta”) de Almansa simboliza en el imaginario colectivo la pérdida de los Fueros y de nuestras instituciones históricas. Pero también es cierto que, desde una perspectiva más amplia, marcó el inicio de una modernización del aparato estatal, una centralización que anticipó el Estado a la Nación -y no a la inversa-, como recuerda nuestra tradición constitucional y ha escrito magistralmente Álvarez Junco en su famosa obra Máter Dolorosa. La idea de España en el s. XIX.¿Se imaginan que los Estados Unidos celebraran como fiesta nacional la batalla de Gettysburg, emblema de una guerra fratricida? Eso es, en parte, lo que hacemos al elegir esta fecha. Porque aquella guerra también dividió a los valencianos, no entre buenos y ruines, sino entre partidarios de distintas opciones dinásticas: austracistas y borbónicos —los llamados “botiflers” entre nosotros—. Confieso que siempre he sentido una mayor simpatía por los primeros, pero eso no me impide reconocer que algunas de las demandas de los segundos eran perfectamente legítimas y se demostraron como positivas para el progreso territorial.Quizás ha llegado el momento de preguntarnos si esta conmemoración es la que mejor representa la esencia de Les Corts Valencianes. Más cuando compite con la gran celebración autonómica por antonomasia, el Nou d´Octubre. Deberíamos reconocer que nuestro Parlamento autonómico no es por fortuna aquellas Cortes forales que terminaron liquidadas por “derecho de conquista” sino resultado de un proceso plenamente democrático, sancionado por una Constitución que, aunque inicialmente reservaba esta organización institucional para las “nacionalidades históricas”, terminaría generalizando el sistema parlamentario a todos los territorios, otorgando potestad legislativa a sus Parlamentos. La legitimidad de nuestras instituciones de autogobierno, como ha subrayado nuestro Tribunal constitucional, emana de esa norma básica y de la voluntad ciudadana que la refrendó.Tal vez los valencianos haríamos bien en recordar con más énfasis la fecha de constitución de Les Corts, en sustitución de un acuerdo que según las informaciones aparecidas se remonta a mediados de los 90s del pasado siglo. O quizás, si queremos envolvernos en la nostalgia de un pasado foral, sería más propio celebrar la creación de la Diputación General o Generalitat en el Convent de Sant Domènec allá por el 22 de marzo 1418, donde por primera vez se plasma esa representación por tercios o brazos (eclesial, militar y popular). Aquellos mismos que ahora presiden la entrada a la sede del Palau dels Borja, sede institucional de Les Corts.No comparto, tampoco, la idea de trasladar la celebración a otras instituciones, como parece que va a hacerse. Y menos hacerlo en la Diputación Provincial (de Valencia), precisamente la organización de inspiración francesa que identificará como pocas la nueva planta borbónica y que terminará por arrasar la vieja institucionalidad foral. Aunque siempre habrá quienes sigan prefiriendo el agravio como bandera, aunque eso suponga dividirnos como pueblo un poco más. Incluso, en aquellos días que presumiblemente deberían servir para unirnos. Seguir leyendo
La reciente decisión de la presidencia de Les Corts Valencianes de no conmemorar el 25 de abril, día institucional de la Cámara autonómica, ha desatado una controversia tan ruidosa como artificial. No se trata sólo de su suspensión puntual, asumido sin reparos por la totalidad de los integrantes del órgano rector de la Cámara (incluida la representante de Compromís), sino de una discusión más profunda y de largo alcance: la vigencia de esta efeméride en el tiempo presente.
Los motivos esgrimidos —la polarización política— parecen un tanto endebles, especialmente cuando este fenómeno no es exclusivo del Parlamento valenciano. Las Cortes Generales, y buena parte de los legislativos autonómicos, viven también sumidos en una tensión constante. El denominado “parlamentarismo polarizado” (Ruíz Robledo), nos guste o no, es ya una de las notas distintivas de nuestro presente democrático.
Hubiera sido más comprensible —y quizás hasta loable— que se apelara al luto colectivo por la tragedia ocurrida hace medio año, cuya magnitud aún estremece a la sociedad valenciana. Máxime cuando la comisión de investigación parlamentaria creada ad hoc sigue sin iniciar sus trabajos, aplazados hasta el próximo otoño. Mientras tanto, el Senado del Reino de España aprobado el plan de trabajo ya ha abierto la ronda de comparecencias por ese mismo suceso, con el propósito de esclarecer los hechos y evitar que semejante desgracia vuelva a repetirse.
Tampoco hay mucho que celebrar si miramos al funcionamiento interno de la Cámara. Quien entienda el parlamentarismo como una herramienta de integración, hallará pocas razones para la alegría. En lo que llevamos de legislatura, los acuerdos han brillado por su ausencia. Instituciones clave del autogobierno valenciano —el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes— arrastran mandatos caducados desde hace años, con vacantes sin cubrir ni siquiera tras el fallecimiento de algunos de sus miembros. Y son pocas las voces que inciden en un atropello democrático de tal magnitud. ¿O no se acuerdan de quiénes señalaban unidireccionalmente a los supuestos artífices del bloqueo de ciertos órganos constitucionales cuya renovación había sido impedida no sólo por la negativa de los dos grandes partidos españoles sino porque los órganos rectores del Congreso y Senado ni siquiera habían convocados los plenos necesarios, incluyendo esta cuestión en los órdenes del día de las Cámaras respectivas?
Peor aún ha sido la incapacidad para reflejar la pluralidad política en los órganos rectores de Les Corts. Primero, cuando el grupo socialista intentó excluir a Compromís de la Mesa, un atropello evitado in extremis gracias a la generosidad del grupo mayoritario de la Cámara. Después, tras la dimisión de la vicepresidenta primera, Gabriela Bravo, la segunda fuerza parlamentaria fue, directamente, excluida de la nueva configuración en tanto no entraba a dialogar sobre las renovaciones pendientes. Es llamativo que quienes han clamado en el ámbito estatal de forma torticera contra el bloqueo unilateral de los órganos constitucionales, ahora guarden silencio —cuando no justifiquen— ante la marginación de la representatividad de otras formaciones en el ámbito autonómico. Ni siquiera hoy, entre las fuerzas progresistas, se advierte un atisbo de diálogo: el liderazgo discutido de Diana Morant impide cualquier interlocución con un síndic nacionalista entregado al populismo más abyecto.
Y, sin embargo, lo que siempre me ha intrigado es la fecha elegida para conmemorar el día grande de nuestro Parlamento. El 25 de abril remite a una derrota militar en el marco de un conflicto de alcance continental: la Guerra de Sucesión, prolongada desde el arranque del s.XVIII hasta la firma del Tratado de Utrecht (1713). Es cierto que la batalla (“desfeta”) de Almansa simboliza en el imaginario colectivo la pérdida de los Fueros y de nuestras instituciones históricas. Pero también es cierto que, desde una perspectiva más amplia, marcó el inicio de una modernización del aparato estatal, una centralización que anticipó el Estado a la Nación -y no a la inversa-, como recuerda nuestra tradición constitucional y ha escrito magistralmente Álvarez Junco en su famosa obra Máter Dolorosa. La idea de España en el s. XIX.
¿Se imaginan que los Estados Unidos celebraran como fiesta nacional la batalla de Gettysburg, emblema de una guerra fratricida? Eso es, en parte, lo que hacemos al elegir esta fecha. Porque aquella guerra también dividió a los valencianos, no entre buenos y ruines, sino entre partidarios de distintas opciones dinásticas: austracistas y borbónicos —los llamados “botiflers” entre nosotros—. Confieso que siempre he sentido una mayor simpatía por los primeros, pero eso no me impide reconocer que algunas de las demandas de los segundos eran perfectamente legítimas y se demostraron como positivas para el progreso territorial.
Quizás ha llegado el momento de preguntarnos si esta conmemoración es la que mejor representa la esencia de Les Corts Valencianes. Más cuando compite con la gran celebración autonómica por antonomasia, el Nou d´Octubre. Deberíamos reconocer que nuestro Parlamento autonómico no es por fortuna aquellas Cortes forales que terminaron liquidadas por “derecho de conquista” sino resultado de un proceso plenamente democrático, sancionado por una Constitución que, aunque inicialmente reservaba esta organización institucional para las “nacionalidades históricas”, terminaría generalizando el sistema parlamentario a todos los territorios, otorgando potestad legislativa a sus Parlamentos. La legitimidad de nuestras instituciones de autogobierno, como ha subrayado nuestro Tribunal constitucional, emana de esa norma básica y de la voluntad ciudadana que la refrendó.
Tal vez los valencianos haríamos bien en recordar con más énfasis la fecha de constitución de Les Corts, en sustitución de un acuerdo que según las informaciones aparecidas se remonta a mediados de los 90s del pasado siglo. O quizás, si queremos envolvernos en la nostalgia de un pasado foral, sería más propio celebrar la creación de la Diputación General o Generalitat en el Convent de Sant Domènec allá por el 22 de marzo 1418, donde por primera vez se plasma esa representación por tercios o brazos (eclesial, militar y popular). Aquellos mismos que ahora presiden la entrada a la sede del Palau dels Borja, sede institucional de Les Corts.
No comparto, tampoco, la idea de trasladar la celebración a otras instituciones, como parece que va a hacerse. Y menos hacerlo en la Diputación Provincial (de Valencia), precisamente la organización de inspiración francesa que identificará como pocas la nueva planta borbónica y que terminará por arrasar la vieja institucionalidad foral. Aunque siempre habrá quienes sigan prefiriendo el agravio como bandera, aunque eso suponga dividirnos como pueblo un poco más. Incluso, en aquellos días que presumiblemente deberían servir para unirnos.
EL PAÍS
La reciente decisión de la presidencia de Les Corts Valencianes de no conmemorar el 25 de abril, día institucional de la Cámara autonómica, ha desatado una controversia tan ruidosa como artificial. No se trata sólo de su suspensión puntual, asumido sin reparos por la totalidad de los integrantes del órgano rector de la Cámara (incluida la representante de Compromís), sino de una discusión más profunda y de largo alcance: la vigencia de esta efeméride en el tiempo presente.. Los motivos esgrimidos —la polarización política— parecen un tanto endebles, especialmente cuando este fenómeno no es exclusivo del Parlamento valenciano. Las Cortes Generales, y buena parte de los legislativos autonómicos, viven también sumidos en una tensión constante. El denominado “parlamentarismo polarizado” (Ruíz Robledo), nos guste o no, es ya una de las notas distintivas de nuestro presente democrático.. Hubiera sido más comprensible —y quizás hasta loable— que se apelara al luto colectivo por la tragedia ocurrida hace medio año, cuya magnitud aún estremece a la sociedad valenciana. Máxime cuando la comisión de investigación parlamentaria creada ad hoc sigue sin iniciar sus trabajos, aplazados hasta el próximo otoño. Mientras tanto, el Senado del Reino de España aprobado el plan de trabajo ya ha abierto la ronda de comparecencias por ese mismo suceso, con el propósito de esclarecer los hechos y evitar que semejante desgracia vuelva a repetirse.. Tampoco hay mucho que celebrar si miramos al funcionamiento interno de la Cámara. Quien entienda el parlamentarismo como una herramienta de integración, hallará pocas razones para la alegría. En lo que llevamos de legislatura, los acuerdos han brillado por su ausencia. Instituciones clave del autogobierno valenciano —el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes— arrastran mandatos caducados desde hace años, con vacantes sin cubrir ni siquiera tras el fallecimiento de algunos de sus miembros. Y son pocas las voces que inciden en un atropello democrático de tal magnitud. ¿O no se acuerdan de quiénes señalaban unidireccionalmente a los supuestos artífices del bloqueo de ciertos órganos constitucionales cuya renovación había sido impedida no sólo por la negativa de los dos grandes partidos españoles sino porque los órganos rectores del Congreso y Senado ni siquiera habían convocados los plenos necesarios, incluyendo esta cuestión en los órdenes del día de las Cámaras respectivas?. Peor aún ha sido la incapacidad para reflejar la pluralidad política en los órganos rectores de Les Corts. Primero, cuando el grupo socialista intentó excluir a Compromís de la Mesa, un atropello evitado in extremis gracias a la generosidad del grupo mayoritario de la Cámara. Después, tras la dimisión de la vicepresidenta primera, Gabriela Bravo, la segunda fuerza parlamentaria fue, directamente, excluida de la nueva configuración en tanto no entraba a dialogar sobre las renovaciones pendientes. Es llamativo que quienes han clamado en el ámbito estatal de forma torticera contra el bloqueo unilateral de los órganos constitucionales, ahora guarden silencio —cuando no justifiquen— ante la marginación de la representatividad de otras formaciones en el ámbito autonómico. Ni siquiera hoy, entre las fuerzas progresistas, se advierte un atisbo de diálogo: el liderazgo discutido de Diana Morant impide cualquier interlocución con un síndic nacionalista entregado al populismo más abyecto.. Y, sin embargo, lo que siempre me ha intrigado es la fecha elegida para conmemorar el día grande de nuestro Parlamento. El 25 de abril remite a una derrota militar en el marco de un conflicto de alcance continental: la Guerra de Sucesión, prolongada desde el arranque del s.XVIII hasta la firma del Tratado de Utrecht (1713). Es cierto que la batalla (“desfeta”) de Almansa simboliza en el imaginario colectivo la pérdida de los Fueros y de nuestras instituciones históricas. Pero también es cierto que, desde una perspectiva más amplia, marcó el inicio de una modernización del aparato estatal, una centralización que anticipó el Estado a la Nación -y no a la inversa-, como recuerda nuestra tradición constitucional y ha escrito magistralmente Álvarez Junco en su famosa obra Máter Dolorosa. La idea de España en el s. XIX.. ¿Se imaginan que los Estados Unidos celebraran como fiesta nacional la batalla de Gettysburg, emblema de una guerra fratricida? Eso es, en parte, lo que hacemos al elegir esta fecha. Porque aquella guerra también dividió a los valencianos, no entre buenos y ruines, sino entre partidarios de distintas opciones dinásticas: austracistas y borbónicos —los llamados “botiflers” entre nosotros—. Confieso que siempre he sentido una mayor simpatía por los primeros, pero eso no me impide reconocer que algunas de las demandas de los segundos eran perfectamente legítimas y se demostraron como positivas para el progreso territorial.. Quizás ha llegado el momento de preguntarnos si esta conmemoración es la que mejor representa la esencia de Les Corts Valencianes. Más cuando compite con la gran celebración autonómica por antonomasia, el Nou d´Octubre. Deberíamos reconocer que nuestro Parlamento autonómico no es por fortuna aquellas Cortes forales que terminaron liquidadas por “derecho de conquista” sino resultado de un proceso plenamente democrático, sancionado por una Constitución que, aunque inicialmente reservaba esta organización institucional para las “nacionalidades históricas”, terminaría generalizando el sistema parlamentario a todos los territorios, otorgando potestad legislativa a sus Parlamentos. La legitimidad de nuestras instituciones de autogobierno, como ha subrayado nuestro Tribunal constitucional, emana de esa norma básica y de la voluntad ciudadana que la refrendó.. Tal vez los valencianos haríamos bien en recordar con más énfasis la fecha de constitución de Les Corts, en sustitución de un acuerdo que según las informaciones aparecidas se remonta a mediados de los 90s del pasado siglo. O quizás, si queremos envolvernos en la nostalgia de un pasado foral, sería más propio celebrar la creación de la Diputación General o Generalitat en el Convent de Sant Domènec allá por el 22 de marzo 1418, donde por primera vez se plasma esa representación por tercios o brazos (eclesial, militar y popular). Aquellos mismos que ahora presiden la entrada a la sede del Palau dels Borja, sede institucional de Les Corts.. No comparto, tampoco, la idea de trasladar la celebración a otras instituciones, como parece que va a hacerse. Y menos hacerlo en la Diputación Provincial (de Valencia), precisamente la organización de inspiración francesa que identificará como pocas la nueva planta borbónica y que terminará por arrasar la vieja institucionalidad foral. Aunque siempre habrá quienes sigan prefiriendo el agravio como bandera, aunque eso suponga dividirnos como pueblo un poco más. Incluso, en aquellos días que presumiblemente deberían servir para unirnos.. Seguir leyendo
